El Heraldo
La masacre de los soldados del Cauca generó una gran solidaridad nacional y duras críticas al Gobierno. EFE
Política

Análisis Ley del Montes: ¿Se pudo evitar la muerte de los soldados del Cauca?

La masacre de los 11 uniformados ocurrió por la demencia de las Farc, pero también es consecuencia de arriesgadas decisiones políticas del Gobierno y de imperdonables errores militares.

Cuando buena parte del país y todo el Gobierno creían que el llamado desescalamiento del conflicto llevaría los diálogos con las Farc en La Habana al punto de no retorno, la columna “Miller Perdomo” de ese grupo guerrillero atacó a mansalva a un grupo de soldados de una Brigada Móvil que pernoctaba en un polideportivo de la vereda La Esperanza, Buenos Aires, Cauca, ocasionando la muerte de 11 de ellos y dejando heridos a otros veinte.

Se trata del acto de terror más grave cometido por esa organización subversiva desde que inició conversaciones con el Gobierno en La Habana. Una vez se conoció la noticia millones de colombianos salieron a las calles a expresar su dolor y su indignación por lo sucedido. En las principales ciudades del país fueron interminables las romerías de cientos de hombres y mujeres que se acercaron a las instalaciones militares a llevarles flores y a expresarles su solidaridad a los uniformados. El país está de duelo por la muerte de los 11 soldados a manos de las Farc.

El presidente Juan Manuel Santos –principal blanco de las críticas de quienes se oponen a las negociaciones de La Habana- ha tenido que capotear el vendaval, ante los severos cuestionamientos por suspender los bombardeos a los campamentos de las Farc, decisión que tomó en contraprestación por el cese al fuego unilateral declarado por el grupo guerrillero. La gravedad de los hechos del pasado martes llevó a Santos reiniciar los bombardeos a los campamentos guerrilleros e –incluso- a hablar por primera vez de ponerle plazos a los diálogos, postura similar a la del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien rompió su silencio sobre las negociaciones, al afirmar que es necesario que las Farc muestren una verdadera voluntad de paz.

Es indudable que la masacre de los 11 soldados de la Brigada Móvil en el Cauca obedeció a una decisión de las Farc de propinarle al Ejército Nacional el más duro revés desde que se iniciaron los diálogos de La Habana, rompiendo así la tregua unilateral que ellas habían decretado y que el Gobierno recibió con beneplácito, hasta el punto de que –en contraprestación- Santos ordenó suspender los bombardeos a los campamentos guerrilleros. Pero en la acción criminal también hubo graves fallas militares y enormes responsabilidades políticas, que deben ser aclaradas y establecidas con prontitud.

Sobre las primeras, resulta no solo inadmisible, sino preocupante que la patrulla militar atacada por las Farc haya omitido las más elementales reglas de prudencia y autoprotección al establecer el campamento en el que los soldados fueron sorprendidos mientras dormían. Preocupa que soldados profesionales, curtidos en la guerra y conocedores del comportamiento del enemigo, hayan pasado por alto precauciones militares obvias, cuyas consecuencias hoy lamentan once familias y millones de colombianos.

Los superiores de los soldados muertos y heridos del Cauca –y de todo el país- deben saber que el Estado colombiano está en negociaciones de paz con las Farc, pero que ello no significa que el país haya alcanzado la paz con ese grupo guerrillero. ¿Quién ordenó acampar en una “zona roja”, sin adoptar las mínimas medidas de seguridad, otorgándole así una ventaja táctica y militar al enemigo?

Pero algo mucho más grave: se requiere precisar y aclarar la versión de uno de los soldados sobrevivientes en el sentido de que habían recibido la orden de “no disparar”. Se trata de una afirmación gravísima. De ser cierta, es necesario establecer ¿quién o quiénes la dieron? De igual manera, precisar los alcances de las afirmaciones según las cuales a las tropas terrestres les fue negada la asistencia aérea, versión que fue calificada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como “una canallada”. En ambos casos, es preciso conocer el origen de las versiones y –de ser ciertas- los oficiales responsables de ambas decisiones: la de no disparar y la de negar la asistencia aérea.

Y en cuanto a la responsabilidad política, todos los reflectores apuntan al presidente Santos, quien tomó la decisión de suspender los bombardeos. En su afán de desescalar el conflicto –luego de que las Farc declararan la tregua unilateral y anunciaran el inicio de desminados en algunas zonas del país- Santos les quitó del cuello a los guerrilleros la espada a la que más le temen: los ataques aéreos. Es de suponer que una decisión de semejante calado debió ser consultada y aprobada por las Fuerzas Militares, pues si hay una estrategia que constituye una ventaja táctica constatable es la de los bombardeos de los campamentos.

Al suspender los bombardeos, los guerrilleros logran desplazarse con seguridad por todo el país, pues no abrigan temores de que la muerte les llegue desde el aire en forma de bombas, como ocurrió con tres de los máximos comandantes de las Farc: Alfonso Cano, Raúl Reyes y Mono Jojoy. Igual suerte corrió el “Negro Acacio”. Pero –además- las Fuerzas Militares también pierden una ventaja psicológica por parte de las tropas, que ven en los bombardeos una especie de tarea de demolición previa contra la guerrilla, que termina aliviándoles la tarea a quienes avanzan o combaten en tierra.

Nadie mejor que las Fuerzas Militares para valorar la asistencia aérea, ya sea por parte de la FAC o del servicio aéreo del Ejército. Ellos mejor que nadie saben que sin la ayuda aérea es imposible ganar un combate. De ahí que –de ser ciertas las versiones según las cuales a las tropas terrestres les fue negada la colaboración aérea- ello no solo sería abiertamente inconstitucional, sino –sobre todo- absolutamente criminal. Cuesta imaginarse a un solo comandante militar que sea capaz de ver que a sus compañeros los masacran en tierra, mientras ellos desde el aire se niegan a ametrallar a los enemigos, o a iluminar el campo para permitir su localización.

Un error político y militar
Al suspender los bombardeos a los campamentos de las Farc, Santos tomó una decisión política con grandes y graves implicaciones militares. De esta forma terminó dándole al enemigo una ventaja estratégica que está siendo utilizada para golpear a las Fuerzas Militares. Suspender los bombardeos fue un gravísimo error, cuyo costo político deberá pagarlo el Gobierno. En La Ley del Montes del pasado 15 de Marzo -luego de la decisión de Santos de suspender los bombardeos- escribí lo siguiente: “Suspender los bombardeos es la decisión más osada y riesgosa que ha tomado un gobierno en la historia del país. Las Fuerzas Militares comenzaron a ganar la guerra contra las Farc desde que decidieron fortalecer la inteligencia y la capacidad de ataque de la Fuerza Aérea. Todos los golpes a los principales cabecillas de las Farc fueron propinados desde el aire –Alfonso Cano, Mono Jojoy y hasta el propio Raúl Reyes- murieron luego de contundentes bombardeos. (…) Quitarles la zozobra de los bombardeos es dejarlos dormir tranquilos, aunque Iván Márquez y sus amigos no lo reconozcan”. Sabiendo de esas implicaciones militares la pregunta es: ¿Los altos mandos militares informaron al Presidente de la trascendencia que tendría suspender los bombardeos? Esa pregunta requiere con urgencia una respuesta contundente, pues no solo significó la muerte de 11 soldados y dejar heridos a 18, sino que le permitió al enemigo –que lo sigue siendo hasta que firme la paz- reacomodar sus fuerzas y recuperar el terreno que había perdido.

Diálogo en La Habana, ofensiva militar en Colombia
Los falsos anuncios –casi todos por parte del Gobierno- de que “la paz está de un cacho”, promovidos de manera irresponsable durante la pasada campaña presidencial por parte del candidato reeleccionista, llevaron a las Fuerzas Militares a relajarse en la lucha contra las Farc. Mientras no se firme la paz, las Farc siguen siendo el enemigo más poderoso que tienen las Fuerzas Militares. Punto. Ello significa que la ofensiva debe mantenerse sin tregua y sin pausa. En eso no pueden equivocarse los altos mandos, pues cada error se traduce en muertos y heridos en las tropas. Mientras se dialoga en La Habana, en Colombia los golpes contra las Farc deben ser contundentes. Por eso resultó gravísima la decisión de Santos de suspender los bombardeos, que era exactamente lo que querían las Farc. La razón es muy sencilla: mientras nosotros ya nos embarcamos en el posconflicto, sin haber superado el conflicto, las Farc siguen en guerra y así se lo han hecho saber a sus combatientes los negociadores en La Habana. De hecho, la columna “Miller Perdomo”, que atacó a los soldados en el Cauca está bajo el mando de alias Pablo Catatumbo, flamante negociador de las Farc en la isla. Es increíble que la Brigada Móvil atacada por las Farc en el Cauca, haya pernoctado en un sitio que no brindaba las mínimas condiciones de seguridad a la hora de un ataque guerrillero. ¿Por qué las tropas en tierra no recibieron de forma oportuna el apoyo aéreo para responder al ataque? ¿Quiénes debieron asegurar el área? ¿Quiénes hicieron inteligencia para conocer el comportamiento de la población y el grado de aceptación de las tropas? Son los superiores de los soldados quienes pueden -¡y deben!- responder estas preguntas.

La negociación con las Farc no es irreversible
No es cierto que la negociación de La Habana sea irreversible. No podría serlo. Mucho más si las Farc se siguen comportando  de la forma demencial en que lo están haciendo. De seguir en esa actitud el margen de maniobrabilidad de Santos será cada día menor. Con esos actos de terror no hay manera de que el Gobierno convenza a más del 90 por ciento de los colombianos de las bondades de la negociación, pues con cada acción criminal de las Farc crece el repudio nacional. Las actuales circunstancias obligan a Santos a endurecer su posición, hasta el punto de que el viernes afirmó que “se nos agota la paciencia” y habló por primera vez de ponerle “plazos a la negociación”, algo que había descartado en la campaña reeleccionista. En esa misma tónica está el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien sostuvo que “si se le fijan unos plazos a los diálogos se reducen los riesgos. Ya está llegando la hora de que las negociaciones se materialicen y habrá que tomar una definición pronto”. El ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe, principal opositor de la negociación, habló de la “necesidad de una pausa para reorganizar el proceso”. Es decir, Santos se está quedando cada día más solo en su deseo de sacar adelante los diálogos. Cuando se iniciaron las conversaciones, Santos dijo que no sería “rehén de la negociación”, al parecer, las Farc están empeñadas en demostrar lo contrario.

Vuelve y juega el fiscal Montealegre
El Fiscal General, Eduardo Montealegre, volvió a aparecer a propósito de la masacre de los soldados en el Cauca. Y volvió a aparecer al lado del Gobierno, otra vez mostrándose como apéndice del Ejecutivo, pasando por alto que se trata de un funcionario de la Rama Judicial que –se supone- ejerce una función en la que debe ser imparcial, pues para eso es que la Constitución le reconoce independencia y autonomía. Pero además apareció para dar unas declaraciones absolutamente impertinentes, desde el punto de vista jurídico y político. Al tiempo que señalaba que el horrendo crimen de los soldados era un “homicidio en persona protegida”, tesis que fue rebatida por connotados juristas, llamaba a seguir con las conversaciones con las Farc. Se trata de un muy mal mensaje del Fiscal, pues le prende una vela a Dios y otra al diablo: al tratar de tipificar el delito con la máxima severidad y hablar de crimen de guerra, intenta congraciarse con quienes reclaman mano dura contra las Farc, pero al invitar a seguir con los diálogos les tiende un salvavidas al otro espectro político y envía un mensaje de impunidad, que es de extrema trascendencia por provenir de quien proviene. Y ello es así porque es el Fiscal General quien se encarga investigar, calificar y acusar por los delitos de los que son víctimas los colombianos.  

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