El Heraldo
Luis Jiménez, abogado de Silvia Gette, habla, a la salida del búnker, sobre las amenazas.
Colombia

Piden vigilancia especial para caso de Silvia Gette

La exrectora rindió indagatoria ante un fiscal por el presunto desfalco al centro educativo. La diligencia se realizó en el interior de la cárcel El Buen Pastor.

Los apoderados de la Universidad Autónoma del Caribe le solicitaron al fiscal general, Eduardo Montealegre Lynnet, adelantar vigilancia y un seguimiento especial a los procesos que involucran a Silvia Gette Ponce. Para ello argumentan que la exrectora, presuntamente, estaría adelantando un plan para hacer que testigos, cercanos a ella, terminen declarando en contra de las personas que la han denunciado.

Con base en el documento de solicitud conocido por EL HERALDO, la defensa de la institución universitaria tiene información de que la presunta compra de testigos podría llevar a desviar el curso de las investigaciones que la justicia adelanta contra la exrectora.

“Desde ya ponemos en conocimiento del fiscal general este plan, solicitándole que se tomen las medidas pertinentes a fin de evitar que en virtud de testigos amañados y pruebas truculentas, se tomen decisiones contrarias a la verdad de los hechos…”, se lee en la carta radicada ante el despacho de Montealegre.

En el mismo sentido, los representantes de la Uniautónoma advierten que Gette estaría utilizando un “ilegítimo mecanismo de defensa” con el objetivo de tapar el desfalco millonario que al parecer cometió durante una década, cuando dirigió los destinos de la universidad fundada por Mario Ceballos Araújo.

Consideran que de no adoptar las medidas preventivas  en el desarrollo de las investigaciones surjan determinaciones en contra de la universidad con base en versiones de personas que carecen de credibilidad.

La más reciente investigación a Gette Ponce está relacionada con el presunto desfalco de un millón de dólares a las cuentas de la Uniautónoma, dinero que la mujer habría girado en el año 2007 hacia sus cuentas personales a través de transacciones financieras internacionales y sin el consentimiento de la Sala General, máximo órgano directivo de la universidad, y al que le compete autorizar este tipo de operaciones.

Versiones juramentadas de algunos declarantes, solicitadas por fiscales delegados en Barranquilla, dan cuenta, aunque dicen desconocer la transacción irregular, que Gette Ponce no pidió autorización a la Sala General para girar los recursos con los que supuestamente se iban a adelantar obras de ampliación en la sede que el alma máter tiene en Miami.

Debido a estos hechos, ante un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, Gette Ponce rindió  ayer una extensa indagatoria por el posible hurto de un millón de dólares a la institución educativa, cuando ella la tuvo a su cargo.

Fue necesario que la diligencia se adelantara en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, luego de que la defensa de Gette denunciara amenazas de muerte en contra de la exrectora, razón por la cual no era prudente movilizarla.

Luis Arturo Jiménez, defensor de Silvia Gette, además de revelar las amenazas, aseguró disponer de las pruebas para demostrar que los dineros de la universidad se giraron a favor de terceras personas y no de su poderdante.

El caso del aparente desfalco, abierto a partir de la denuncia interpuesta por la Universidad Autónoma, se suma al que lleva la fiscalía décima de Derechos Humanos por la muerte de Fernando Cepeda Vargas y al caso adelantado en el juzgado 34 de conocimiento  por el delito de soborno en actuación penal, en el que presumiblemente habrían incurrido Gette y el abogado Arcadio Martínez. Este último proceso es el que mantiene a ambos privados de la libertad desde el año pasado.

Las amenazas
El abogado Luis Arturo Jiménez, que defiende los intereses de Silvia Gette Ponce, reveló que tanto su cliente como él han recibido amenazas que calificó como “muy serias”, por parte de Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y de alias 28. Aseguró el jurista que tales intimidaciones se dan como retaliación porque los dos postulados fueron excluidos de Justicia y Paz por supuestamente mentir en el caso de la muerte de Cepeda Vargas. De ahí que Jiménez estime que Gette está más segura en la cárcel El Buen Pastor.

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